México, Distrito Federal, 16 de octubre de 2014
1. Desde 1980 hasta 2013, el crecimiento promedio del PIB de la
economía mexicana fue de 2.4% anual. En este contexto egresan
anualmente un millón y medio de estudiantes de las instituciones de
educación pública y privada, mientras la economía
mexicana solo ha tenido capacidad para generar 600 mil empleos para los
jóvenes que ingresan por primera vez al mercado laboral. De acuerdo a
la Cepal (2014), esta reducción del empleo se debió exclusivamente a un
menor grado de inserción en el mercado laboral de los jóvenes de entre
14 y 29 años (-0,7 puntos porcentuales), mientras que entre las personas
de 30 años y más la tasa se mantuvo estable. Es de suponer que, ante la
disminución de expectativas de conseguir empleo, muchos jóvenes que en
sus hogares son trabajadores “secundarios” tienden a retirarse del
mercado laboral. Algunos continúan en el sistema educativo o regresan a
este para mejorar sus futuras opciones de inserción laboral, mientras
que otros pasan a engrosar el segmento de las personas que no trabajan
ni estudian (“ni-ni”). Según la OCDE (2013), México ocupó el primer
lugar en el número de desertores escolares de 15 a 18 años, el último en
el que los jóvenes tienen la expectativa de terminar el bachillerato y
la universidad. Y ratificó el tercer lugar entre las naciones con mayor
población juvenil que no estudia ni trabaja, con 7 millones 337 mil 520,
condiciones que fueron calificadas por la OCDE, como una falla
estructural que provoca la política neoliberal. En este contexto, la SEP
(2014) nos informa que por cada uno de los 200 días de clases que
conforman al ciclo escolar, 5.238 niños o jóvenes abandonaron sus
estudios, con un costo de Más de 34 millones de pesos, por más de un
millón de estudiantes que abandonaron sus estudios en los diferentes
niveles de educación que ofrece el país en el ciclo escolar 2012-2013.
2. Los gobiernos priistas, perredistas como panistas, impulsaron
reformas estructurales con el propósito de “fomentar el crecimiento
económico”. Estas reformas son: la laboral, fiscal, financiera, de
telecomunicaciones, educativa y energética, mismas que se aprobaron de
manera violenta, con un probado entreguismo, sin consenso y con pésimos
resultados en los ámbitos económicos, políticos y sociales.
3.
El gobierno de Peña Nieto, se caracteriza por ser autoritario y
represor, y con altos compromisos con la mafia nacional e internacional.
Basta mencionar que el 71.5% de los municipios se encuentran bajo el
dominio del narcotráfico y que el ejército se encuentra en desacato
total, asesinando y con fusilamientos sumarios. Todo ello ha colocado al
miedo como mecanismo de control social frente una izquierda reformista
dividida y colaborativa con el poder transnacional y nacional.
4. En este marco hay que ubicar la situación del Instituto Politécnico
Nacional haciendo un breve recuento de hechos. En el año 2000, se
instrumenta el nuevo modelo educativo y en 2004 se aplica el modelo de
integración social y se reforma el Reglamento interno previo aprobado el
30 de noviembre de 1998. Ello con poca resistencia estudiantil. Es
importante señalar que la estrategia de tecnificación y privatización de
la educación politécnica a través del modelo educativo, el modelo de
integración social, así como del reglamento interno, entraron en
contradicción con el espíritu fundacional del Instituto Politécnico
Nacional plasmado en su la ley orgánica. De tal manera que el Reglamento
Interno aprobado el 24 de septiembre del presente año, es el segundo
intento de consolidar jurídicamente la privatización en el IPN. Por esta
razón, la segunda reforma al Reglamento Interno es en realidad una gran
y profunda reforma educativa, administrativa y laboral. Con graves
implicaciones para toda la comunidad politécnica: alumnos, docentes,
personal de apoyo e incluso para los propios directivos de mandos
medios, en la medida en que la propuesta expresa que diversos aspectos
académicos y administrativos quedarán sujetos solo a la decisión de la
dirección general, que finalmente tendría en sus manos el rumbo del
Instituto Politécnico Nacional como si fuera patrimonio personal.
5. El Reglamento Interno busca descentralizar la educación media
superior, contribuir a la creación del bachillerato único, así como
integrar la educación superior al Instituto Tecnológico Nacional. Por
otra parte, el reglamento coloca la movilidad como eje fundamental del
quehacer académico del IPN además de impulsar al interior del Instituto
un gran mercado para las certificaciones de las carreras técnicas de
educación superior. De igual forma considera la homogenización de los
planes y programas de estudios tanto a nivel medio superior como
superior a los criterios del mercado, con grandes impactos negativos en
la calidad educativa de los estudiantes politécnicos. Y finalmente, con
una inserción al mercado laboral deficiente y poco atractiva. Y sobre
todo, la segunda reforma al Reglamento Interno es un instrumento para
mantener y profundizar aún más al retrasó tecnológico del país.
Paradojas del actual Movimiento estudiantil
6. El movimiento estudiantil surge y se desenvuelve ante una gran
paradoja. Por un lado, las reformas estructurales se aplican con poca
resistencia social. Esto significa que el gobierno pensaba alinear al
IPN con las reformas estructurales educativas y laborales, esperando
poca resistencia, con el objetivo de presentar al Presidente Peña Nieto
como el gran reformador y estadista que el país necesitaba. Por el otro
lado, si la aplicación de las reformas estructurales en el IPN generaba
resistencia social, no había problema, durante el movimiento que se
generó ante la disminución del presupuesto al IPN, nunca comprobado,
había dejado un tejido social dividido, confrontado y lleno de
desconfianza entre estudiantes, e incluso entre estos y los profesores.
Lo anterior aseguraba mayor control del movimiento y de sus demandas.
Permitiendo al gobierno aparecer como el campeón de la democracia, y
sensible ante las necesidades la juventud mexicana. Sin embargo, ante
una sociedad herida, el movimiento estudiantil apareció como una
esperanza para revertir la pérdida derechos humanos y laborales, que
habría sufrido el pueblo de mexicano. La respuesta del movimiento
estudiantil fue inmediata y contundente, y que habría que desactivar
rápidamente desde la perspectiva gubernamental, sin perder el control
institucional.
Sin respuesta las demandas de la Asamblea General Politécnica
7. Al igual que en la primer respuesta donde se hablaba de
generalidades sin que las autoridades federales se comprometieran
realmente a satisfacer en forma clara, puntual y oportuna las exigencias
de la Asamblea General Politécnica (AGP), la segunda contestación no
sólo es muy similar, sino que ahora a una de las demandas (la del
castigo y fin del porrismo) simplemente la ignora.
Esta reclamación
de terminar con los grupos de choque, de represión y de control tiene
que ver con la vida civilizada, democrática, con que la comunidad se
exprese libremente, con que se respeten y aseguren las garantías
individuales (constitucionales) de alumnos, docentes y demás personal,
con que haya un clima de respeto, de tolerancia, de no represión, de
libertad. A dicha demanda la autoridad hizo mutis.
Éste, como los
demás derechos civiles se gana y se pierden por la acción y por la
inacción de la sociedad, de los sectores sociales, de las masas, de las
bases. Aunque todo derecho ganado que subvierta el orden dominante
buscará ser eliminado por el poder.
En la segunda respuesta (del 14
de octubre) siguen las evasivas, el desinterés y la falta de respeto a
la comunidad politécnica, pues se contesta formalmente sin dar solución a
las demandas. Y no sólo eso, sino que ahora se propone que sea mediante
una mesa de diálogo rotativa entre autoridades y representantes de la
ANP, con la Asamblea General Politécnica fragmentada, donde se acuerden
agendas y las acciones a seguir para llevar a cabo un Congreso Nacional
Politécnico. La premisa para proceder a todo ello es que primero se haga
el nombramiento de la nueva autoridad por el ejecutivo federal,
autoridad que seguirá fungiendo autoritaria y autocráticamente como sus
predecesoras, en la sombra y contra los intereses de la comunidad
politécnica.
La clara intención es no hacer ninguna concesión, no
dar marcha atrás a la reforma educativa-administrativa, al
establecimiento del bachillerato único, a la separación de los
bachilleratos de las universidades, a dividir al movimiento, a presionar
mediáticamente para que se acepte lo que se supone se ha otorgado, y a
acallar la lucha para volver al orden del control vertical del IPN.
En la cultura neoliberal las instituciones sociales, las universidades
en este caso, han sido moldeadas para adaptarse a las necesidades del
mercado. El mercado y el capital subordinan todo a su lógica, y los
poderes no pueden permitir que alguien se atreva a desafiar ese “sagrado
orden” de cosas.
Por ello no es de extrañar que no se haga la más
mínima concesión a la Asamblea que contravenga la política educativa de
continuar privatizando la educación pública, de seguir formando en las
instituciones de educación superior el capital humano competitivo que
requieren las empresas, de educar para el empleo, de capacitar en
habilidades técnicas, de controlar ideológica y políticamente a los
jóvenes colegiales, de someterlos ideológicamente. De seguir, en suma,
controlando autoritariamente al IPN.
¿Cuál es el juego del poder?
8. Qué representa el poder: la desigualdad, la antidemocracia, el
cuidado del orden establecido, la corrupción, el control social; esto
es, a las políticas neoliberales. El papel del poder es mantener el
orden (el conjunto de hechos establecidos por el poder: de políticas
públicas si se prefiere) y reproducir la desigualdad. En el caso del IPN
(de la educación y de las universidades) propagar las finalidades
escolares que son formar a los profesionistas que demanda el mercado y
tener a un claustro magisterial desmotivado, con trabajo precario,
amenazado y a la disposición de la autoridad.
Este es el orden que
debe guardar el IPN (la UNAM, la UAM…), y el poder lo va a mantener
inalterado y al costo que sea necesario: para ello están los órganos,
los reglamentos, la coerción y la represión. Este es el orden
institucional establecido desde hace más de tres décadas. Orden que en
el caso actual se tiene que cuidar por órdenes internacionales del
capital multinacional.
El poder es un universo de acciones; hay un
contrato social impuesto, una violencia controlada, una intencionalidad
autoritaria codificada; una relación desigual entre autoridades y
población. En un poder autoritario, en una institución vertical como el
IPN, la autoridad decide de antemano por los demás sin consultarlos, sin
pedirles su opinión, no le interesa saber qué piensan, qué desean sus
representados, qué es lo que les importa.
La autoridad se toma el
atributo de representar a la comunidad porque así está en los
reglamentos institucionales. Y éstos están hechos para reproducir los
intereses de los que gobiernan, de los que verdaderamente mandan, que
son quienes definen las funciones y las finalidades institucionales, que
en el país están acotadas desde el exterior. Esto es, los que
administran no son autónomos ni deciden según los intereses colectivos
sino sólo ejecutan lo que les ha sido definido por los demás poderes
superiores.
Qué hace un director, pongamos por caso: administrar,
aplicar, controlar, cooptar, mantener el funcionamiento institucional en
orden. Cuál es ese orden: lo que ya se ha definido. Qué hacen: aplicar
lo establecido y aplicarse a quienes deben su cargo, a quien los ha
nombrado, que no es la comunidad. La autoridad es a quien el poder
delega la función de aplicar lo ya definido, o de definir y defender lo
que se ha establecido de manera externa a la institución. El director es
un mandadero y no un representante de su comunidad porque ésta no lo
inviste, no le otorga el cargo, no le toma juramento, y éste no se
compromete con ella; por tanto, la comunidad no le puede acusar de
incumplimiento, de ilegalidad, de ineficiencia. Los que lo ungen sí.
El administrador es el representante del poder, a él se debe, a él
responde y a él está sometido. No es soberano ni autónomo ni
independiente. No ha sido electo por el voto universal que delega en él
sus intereses. Es quien representa la justicia formalizada. El juzga sin
ser juzgado. No se permite que la comunidad haga justicia por su propia
mano, por vía de acción directa, porque es un delito. Y los delitos se
castigan.
Cuando las acciones y las decisiones se delegan se pierde
el derecho de ser el actor directo. Y los delegados, puede darse el
caso, que decidan acciones contrarias a la voluntad de sus
representados. Y como no actúan con límites, pueden alegar que es una
acción legal, mandatada.
Por tanto, la soberanía no se debe delegar,
no se debe transferir, porque entonces a quien se le concede se vuelve
el detentador de dicha autoridad que es irreversible. Y el representante
y el representado no coexisten nunca simultáneamente. La soberanía la
ejerce uno o el otro. El representante borra y suprime al representado;
la verdadera representación es la directa no la delegada. En teoría pura
bastaría con quitarle la capacidad de decidir al representante. Pero
estamos ante un mundo configurado por la fuerza… y el poder castiga la
violación a su orden institucionalizado. El poder no renuncia a la
violencia porque la administración tiene que poner y guardad el orden,
tiene que imponerlo.
Imponerlo con las fuerzas del orden que no
están para ejercer la justicia. Justicia y orden se contraponen porque
el orden neoliberal es injusto, autoritario, eliminador de libertades y
derechos sociales, pero reproductor de privilegios de clase, de
jerarquías, y de desigualdades sociales.
El actual orden es
desigual. El orden neoliberal se ha impuesto a sangre y fuego; se ha
establecido para crear privilegios no para combatirlos. Creer lo
contrario es servir a sus intereses. Pensar que el poder está dispuesto a
jugar limpio, a ser confiable, a aceptar su derrota… es soñar, es ser
irresponsable; es entrar al juego del poder que buscará corromper todo
lo que pueda.
La relación con el poder es una relación de fuerzas no
de voluntades y declaraciones “bienintencionadas”. El poder no es
simbólico es fáctico y hablar con él, negociar, implica correlación de
fuerzas que hay que acrecentar para no ser suprimidos, negados,
ninguneados, hechos a un lado. El arte de la política es acumular
fuerzas, unir voluntades, actuar según los intereses comunes, con las
fuerzas movilizadas y dispuestas a la acción directa para conseguir lo
que se demanda.
Porque el orden del que el poder está encargado, el
orden neoliberal, donde se confrontan las fuerzas, no consiste en poner
orden, sino en imponerlo, sin importarle que sea mediante la violencia
atroz. El orden no está dado sino que se impone y reproduce en forma
permanente. Y el orden neoliberal es una ordenación de desigualdades, de
desigualdades de hecho, lo cual implica también desigualdades de
fuerza. ¿Y la justicia? No es función de la autoridad que sólo se
encarga de mantener el orden. Y el orden en manos del poder es el
monopolio de la violencia de hecho.
Según el poder todo descontento,
toda inconformidad hay que encauzarla por los medios institucionales,
por los medios civilizados, pero sucede que estos medios son desiguales,
autoritarios, hechos para guardar el orden establecido.
Promesas y realidad
9. Este es, a grandes rasgos, el carácter del poder y el juego al que
éste está invitando que participen los delegados de la ANP en su mesa de
diálogo; que además estarán en su cancha, a lo sumo con condiciones
consensadas.
Si la ANP acepta participar en la mesa, ahí se
desdibujará el movimiento, ahí los entretendrán, desgastarán, cooptarán y
los exhibirán. Para la autoridad el congreso es sólo una declaración
sin compromiso real de su realización. Es una simple respuesta a un
deseo, que para la sociedad del IPN es una necesidad y una oportunidad
para hacer de esta institución un organismo al servicio de las
necesidades cognitivas, científicas, tecnológicas y productivas para el
logro del bienestar y la justicia social.
El poder no ha cedido ni
va a ceder si la ANP no cuenta con la fuerza y la inteligencia política
para obligarlo a negociar en condiciones favorables a la lucha del IPN.
La ANP va contra reloj y contra la lucha política más elemental en todos
los sentidos. De continuar aislándose de las demás luchas sociales (no
entienden el momento político, el desprestigio gubernamental, la
irritación social, la agudización del descontento, la creciente
inconformidad popular y las contradicciones entre los grupos y mafias
del poder nacional e internacional), de seguir alejado de los sectores
del IPN, tendrá que aceptar, sin más, lo ahora ofrecido: difícilmente le
ofrecerán algo más, no tendrá más opción, aun cuando decidan alargar el
paro, para luego entregar las instalaciones en forma más que anárquica,
sin repliegue ordenado y descoordinado de los movimientos sociales.
El poder no tiene prisa, ni es su prioridad el IPN, tiene otros asuntos
que son una papa caliente que tiene que atender, porque
internacionalmente se lo están exigiendo. El desprestigio del régimen
está siendo exhibido por todas partes. Tienen que tratar de poner orden
primero en los asuntos de Ayotzinapa, luego si se le exige tiene lo de
Tlatlaya, el IPN más lo que se le acumule en la descomposición y crisis
del régimen autoritario narcotizado.
Por la unidad entre estudiantes, docentes e investigadores y trabajadores no docentes.
Por un Congreso Politécnico Nacional democrático y resolutivo.
Por hacer del IPN un espacio civilizador, crítico y comprometido con la
sociedad a la que se debe. Y a la vanguardia en el desarrollo de la
investigación y la innovación tecnológica del país.
Atentamente
Profesor Álvaro Mendoza
Profesor Pedro Antonio
Profesor Víctor Fuentes
Profesor Guillermo Domínguez
Profesor Mario Gabriel Rangel
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