Preámbulo
Contexto político y social
Como pocas veces en la historia política reciente la vida social y política del país ha dado un gran vuelco debido a la gran inconformidad, protesta y solidaridad social por los asesinatos ordenados y perpetrados por el gobierno y sus fuerzas policíacas y paramilitares, por la desaparición de 43 estudiantes normalistas, por el hartazgo ante la impunidad, por las constantes ejecuciones de militares a civiles, por la actuación fascista y la protección gubernamental de las fuerzas armadas, de grupos de paramilitares y de criminales de todo tipo, por la represión a las protestas sociales, por el encarcelamiento de opositores al régimen, por la criminalización de la lucha social, por el autoritarismo institucional, por la creciente miseria… y por el desaliento social a que el actual régimen sea una alternativa de vida a un futuro de esperanza.
Las muertes de las 6 personas en Iguala y las desapariciones de estudiantes de Ayotzinapa ha sido un crimen de Estado de lesa humanidad y la gota que ha derramado el vaso repleto de desencanto social, de descredito institucional, contra la podredumbre del régimen gubernamental autoritario. La indoblegable e incorruptible lucha de padres y alumnos, la creciente solidaridad nacional e internacional, ha incorporado a miles de personas (predominantemente jóvenes) de todos los sectores sociales a exigir la entrega con vida de los desaparecidos, el castigo a los asesinos y la renuncia de los administradores de la nación por su evidente ineficacia. Frente a la creciente movilización social en unas cuantas semanas el régimen político y la autocracia presidencial han sido masivamente exhibidos en su esencia antidemocrática, fascista; han sido públicamente desacreditados, minando el autoritarismo, poniendo en crisis de legitimidad presidencial, colocando a la vista de todos la soberbia de un poder corrupto, cómplice, como gobierno apoyado en bandas de criminales que se arroga el derecho de ejercer la soberanía contra el pueblo (que es en quien reside y quien delega la autoridad), como un narco-Estado respaldado sostenido por todo tipo de mafias, representando los intereses del gran capital…
La entrega de la riqueza del país al gran capital, el alineamiento e integración de México a los intereses estadunidenses, la desnacionalización industrial y la desestructuración productiva, los crímenes de Estado, la política de contrainsurgencia, la violencia política, el asesinato de dirigentes y de periodistas, los feminicidios, la militarización del país, la criminalización de las luchas sociales, la estructura gubernamental al servicio de las mafias que imponen sus reglas, el aumento de la represión a los movimientos sociales opuestos al régimen, el dominio de los cárteles mafiosos y su conversión en gobiernos municipales y estatales, en complicidad con los partidos electoreros (la narcopolítica), los fraudes electorales… son la expresión de la descomposición del régimen autocrático de control social corporativo, y el resultado de la crisis política de la reproducción del orden capitalista neoliberal. De la rebelión social a la insurrección popular medía sólo un paso.
Ante la inoperancia del régimen de solucionar las demandas sociales, la lucha popular (que trastoca el orden neoliberal) exige el fin del régimen autocrático, proponiéndose construir una nueva sociedad equitativa, democrática, igualitaria, libertaria, con justicia, autogestiva… en la que la sociedad civil sea el actor de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que demandan millones de mexicanos (la renuncia del actual mercader de la silla presidencial es sólo un paso). Es la sociedad movilizada y sus propuestas de transformación las que marcan el futuro de un México democrático, soberano, independiente… frente a la crisis del sistema presidencialista dominado por la narcopolítica y puesto al servicio de los intereses de los grandes consorcios multinacionales.
La lucha social ha tenido como principales protagonistas a los jóvenes universitarios, a sectores populares y sindicales que han hecho suyo el clamor nacional de presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, haciendo oír su voz de indignación obligando a los personeros del poder a bajar del trono para estar en situación de igual con los sectores movilizados (estudiantes, padres de familia, defensores de derechos humanos, maestros) que los han retado y sentado de frente para que los escuchen en sus reclamos de presentar con vida a los desaparecidos, de impartir justicia, obligándolos a firmar compromisos, a poner fin a tantos atropellos, a dar solución a sus ancestrales y múltiples demandas nunca atendidas. Aunque lo que se ha obtenido sean sólo promesas y demagogia, el haber logrado doblegar la arrogancia del poder administrativo, ante la creciente crispación social, no es asunto secundario en un país autocrático, con un régimen tradicionalmente sordo a los reclamos de justicia social, ajeno a los intereses nacionales y a las preocupaciones sociales.
En cuestión de días la supuesta grandilocuencia reformadora presidencial ha quedado por los suelos ante su manifiesta incapacidad para dar respuesta a las demandas sociales, por la complicidad entre las mafias criminales, administrativas y partidarias indiferentes y ajenas a los reclamos sociales. La movilización social ha mostrado la verdadera esencia del régimen político nacional: represivo, genocida, autoritario, antinacional, antisocial (conformado por diversas bandas de criminales, delincuentes y de políticos ávidos de riqueza), y ha puesto en jaque al sistema mafioso de gobernalidad. La lucha social ha obligado a que los gobernantes respondan a los reclamos nacionales e internacionales de poner fin a tantas atrocidades (promovidas y alentadas desde el poder) contra la sociedad civil organizada y movilizada, a prometer justicia, a poner fin a la impunidad criminal cobijada por el Estado, a detener y castigar a los culpables de violentar las garantías individuales.
Para los grupos del poder la actual situación política del país les resulta sumamente desfavorable debido a que la sociedad se está movilizando por miles a lo largo y ancho de la nación para expresar su inconformidad, su rabia, su hartazgo, su desilusión, su determinación de poner fin al régimen autoritario, excluyente… ante la creciente pobreza, la impunidad, la pauperización, la entrega de la riqueza pública al gran capital nacional y externo, y por la brutalidad gubernamental contra los sectores sociales opuestos a sus proyectos económicos, políticos, educativos, laborales.
La agudización nacional de la lucha de clases y la creciente presión y expresión de la comunidad internacional, ha obligado a que los aliados políticos de siempre del poder (Iglesia, Instituciones, partidos legalizados, empresarios…) se expresen exigiendo respuesta a las demandas sociales, pero también pidiendo que se actúe con mano firme para detener y desactivar las movilizaciones. ¿Por qué su preocupación? ¿Qué es lo que está en juego? Ni más ni menos que su permanencia en el poder. Han perdido credibilidad social en sectores que antes manipulaban, amenazaban, controlaban y regenteaban. Ahora ya son pocos los que les creen, y cada vez menos los que les tienen alguna consideración favorable y les están perdiendo el miedo. La irreverencia y el activismo político juvenil les incomoda, les molesta, les preocupa. Saben que después de Ayotzinapa poco seguirá funcionando igual. La postración social al poder está desapareciendo.
Saben los que detentan el poder que la lucha social ha puesto al descubierto su ineficacia, su inoperancia, su entrega a los intereses del capital, su falta de oficio político, su papel de representantes de la clase dominante, su carencia de representatividad de los intereses sociales y nacionales. La encrucijada del poder es no tener respuesta favorable a la demanda de: “vivos se los llevaron: vivos los queremos” de regreso. Están socialmente desacreditados, deslegitimados, han perdido la confianza de millones que antes les creían y servían, y ahora tienen las manos atadas y manchadas para recurrir nuevamente a la represión abierta (aunque no la descartan para después). Saben que una nueva represión masiva hará escalar la inconformidad social, que si bien se ha expresado con afectaciones económicas (destrozos incendiarios, pases libres en carreteras, apertura de tiendas…), políticas (toma de alcaldías, de estaciones de radio y de televisión, incendio a instituciones, procesos de autogobierno…), lo que seguirá serán enfrentamientos militares y levantamientos insurreccionales. Entienden su crisis de representatividad y que lo que sigue es la ingobernalidad y la disputa y el ejercicio directo del poder por el pueblo organizado y coordinado.
Lo que ahora acontece y se discute es el futuro inmediato de la nación, ante lo cual la clase dominante, a través de quien los representa en el poder público, ha expresado abiertamente que mantendrá el actual estado de cosas del orden neoliberal: sus reformas de entrega de la riqueza nacional al gran capital nacional e internacional, la precariedad laboral, la pobreza extrema, la antidemocracia, la injusticia, el desempleo, la colusión mafiosa, la usurpación y saqueo de la riqueza pública, la continuación de la represión de ser necesario, a sabiendas de que ahora los costos políticos serán mayores porque la represión a la inconformidad social lo que ocasionará serán mayores y diversas expresiones de revueltas sociales y de insurrecciones focalizadas.
Del lado popular la coordinación de las luchas y la unificación de sus demandas están siendo la dinamita que está incendiando la pradera, en una situación de gran explosividad social, que el régimen busca extinguir y desactivar a través de la cooptación de organizaciones, de la infiltración de movimientos, de provocación a sectores, de encarcelamientos, de corrupción a individuos, de desvirtuar las luchas por justicia, democracia, libertad, igualdad, soberanía y de auto-organización popular.
Las formas tradicionales del reparto del poder y de control social e ideológico mediante el uso de los partidos, de sindicatos, medios electrónicos, Iglesia, escuelas y demás organismos corporativos afines al régimen no les está funcionando. Controlar, desmovilizar, desalentar, amenazar, aterrar y excluir la participación directa de las masas en la solución de sus demandas no les resulta: la lucha sigue y se multiplica. El miedo y la resignación individual y colectivas, la desesperanza de que lo ahora imperante no puede ser cambiado, de que la transformación de las condiciones económicas, sociales y políticas son imposibles de modificar, están siendo vencidas; las masas movilizadas y coordinadas están adquiriendo conciencia de clase, comprobando que con la unidad, la solidaridad y la movilización, que con el empuje de la lucha social y la determinación y el compromiso de unidad sectorial, el actual estado de cosas puede y va a ser cambiado.
La clase burguesa sabe que este no es su momento, que el poder político les está siendo disputado, que la administración del gobierno se le está yendo de las manos en diversas partes del país, que se lo están disputando abiertamente las organizaciones sociales, que está siendo desplazado por el pueblo que se organiza de manera autónoma; que las masas movilizadas la han desbordado, rebasado, retado y hecho a un lado, y por eso quiere que vuelvan al carril de la obediencia institucional. Entiende que lo ahora acontecido ha puesto en crisis sus formas de control, desnudando la podredumbre del poder con las mafias partidarias que la acompañan. Los partidos que se reparten el presupuesto público y el control del país, en coalición con las otras mafias, han quedado desacreditadas social y políticamente para seguir actuando como antes. La crisis política es para todo el régimen de administración y gobernalidad.
Frente a la crisis política abierta por las movilizaciones sociales todos los grupos económicos, políticos y culturales (empresarios, partidos, asociaciones, universidades, ejército, Iglesia…) se han visto obligados a tener que opinar, a expresar su inconformidad con lo que acontece, y a pedir que pronto se restablezca el orden, la institucionalidad, para que se regrese a la normalidad. Su expresión obedece a que está siendo afectada económica y políticamente su “normalidad institucional” de pasividad e indiferencia, su alineación y colaboración silenciosa con el poder. La mayoría popular está por un cambio en las políticas entreguistas y antisociales. Hay un abierto cuestionamiento al régimen de corrupción y entrega, al capitalismo salvaje impuesto a sangre y fuego que cada vez es más difícil sostener por los efectos sociales nocivos, desastrosos.
Frente a la lucha social la autoridad ha actuado con dos tácticas perversas y divisionistas: ante la sociedad movilizada aglutinada alrededor de la lucha por el castigo a los asesinatos de Iguala y la presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa, ha aparentado preocupación y compromiso de solución a las demandas, sin dejar de amenazar a los que atenten contra el proyecto del México neoliberal entregado al gran capital, provocando e intimidando a los movimientos para que desistan de seguir luchando; y en el caso del IPN han aislado su lucha, dialogando con los alumnos de la AGP que se mantienen pasivos y descoordinados ante la efervescencia nacional, entreteniéndolos en un coloquio de sordos, obligándolos a que aceptan las reglas oficiales desfavorables a su causa, y que han pedido al poder que le imponga a la autoridad suprema; en tanto las bandas priístas aprovechan la coyuntura y ajustan cuentas y utilizan la lucha politécnica para reacomodar sus fuerzas en disputa por la conducción administrativa del país, para luego continuar con el control vertical de la institución, y hacen desplantes gatopardistas al decir estar dispuestas a permitir la transformación del IPN, que ha sido punta en los cambios educativos neoliberales de formar profesionistas competentes para el mercado laboral.
Ante tal contexto social favorable a la lucha del IPN la AGP no ha hecho una lectura correcta de la coyuntura política nacional para actuar en consecuencia, en coordinación, con fuerza, en acuerdo y con el apoyo estudiantil y magisterial del IPN y de las demás instituciones educativas movilizadas, apoyada y avalada por la movilización nacional y las expresiones internacionales. Las tareas de democratización del IPN, de cambiar sus finalidades pro-empresariales, de poner la institución al servicio de las necesidades nacionales… no es una tarea que competa sólo a los politécnicos (mucho menos sólo a los alumnos), sino que es una labor, al menos, de la sociedad mexicana en su conjunto.
El sectarismo, protagonismo y aislamiento de la AGP de las múltiples y continuas reuniones de coordinación nacional multisectorial, de elaboración de plataformas comunes y de las movilizaciones que han convulsionado y puesto de cabeza al régimen presidencialista, colocaron la lucha del IPN en segundo término del interés, opinión y preocupación nacional, desaprovechando una oportunidad política de solidaridad, empuje, cobertura y apoyo nacional e internacional que permitiera enfrentar y hacer retroceder la política educativa al servicio del capital. La coyuntura de enfrentar al régimen en una situación de correlación de fuerzas favorable que permitiera lograr la satisfacción de las demandas se está desaprovechando, y no es que políticamente sea secundario lo que sucede en el IPN (es la segunda institución educativa del país), sino que por ser de gran trascendencia política lo que se ha propuesto transformar de la institución: el “modelo educativo basado en competencias”, la antidemocracia vitalicia, el verticalismo administrativo, la exclusión de docentes y alumnos de la definición de la vida académica y política institucional, el control administrativo mediante la violencia gansteril… es necesaria la más amplia, decidida y comprometida participación y confluencia social, por la oposición del poder de cambiar el estatus institucional favorable a sus intereses de lucro, y para el reparto de cuotas de dominación y de control social.
El poder ha reiterado públicamente que no cambiará el modelo de nación neoliberal, por tanto, seguirán la entrega de la riqueza al capital nacional y extranjero, las políticas antisociales, las finalidades educativas pro-empresariales asignadas a las instituciones de educación superior. El poder no está dispuesto a que se le arrebate la conducción del IPN ni a que se modifiquen sus finalidades de formación para el mercado laboral.
¿En qué consiste, sintéticamente, el proyecto educativo del capital? Veamos.
La escuela del capital
La especie humana, resultado de procesos biológicos naturales, es un género sociable por principio, que para subsistir utiliza la naturaleza, y al mismo tiempo la transforma. La relación del hombre con la naturaleza implica la relación social entre los hombres. El hombre siempre está en interacción con los otros individuos. El hombre se yergue frente a la naturaleza y crea su propia cultura. Cultura que es necesario transmitir para conservar y reproducir los vínculos sociales, y a la propia sociedad. El medio apropiado para la transmisión de la cultura, de la ideología, de los intereses económicos de los grupos de poder, ha sido la enseñanza escolarizada.
La institucionalización de la escuela moderna es un suceso asociado a la formación para el trabajo, para disciplinar la conducta juvenil, para adiestrar profesionistas y funcionarios que administren las instituciones y los organismos públicos y privados.
La enseñanza es una acción intencionada con finalidades políticas e ideológicas decididas por los grupos de poder para mantener y reproducir el orden social, para controlar y dirigir la conducta social, para propagar sus intereses de clase, su ideología, sus tradiciones, su cosmovisión; para adiestrar a los educandos y formarlos como súbditos obedientes, y para instruir en las tareas productivas, administrativas, militares, técnicas y científicas.
La instrucción se ha convertido en una labor privada y pública que instruye para el trabajo, para la guerra, para la administración, para formar profesionistas y técnicos que reproduzcan las relaciones sociales y políticas. El acto educativo ha sido un medio indispensable para la identidad cultural, para la sumisión y el control ideológico, para la transmisión de las creencias, de los valores, de las tradiciones, de las actividades prácticas, del adiestramiento laboral, para la formación de hábitos y conductas sociales, de actitudes políticas e ideológicas, para la adquisición de saberes universales, para reproducir la vida social, política y económica prevaleciente.
Educar para el empleo, para la obediencia, para la competencia, para el mantenimiento y la reproducción del orden imperante se convierte en la finalidad central de la escuela. Se trata de capacitar, a través de la acción educativa, para adquirir las habilidades técnico-laborales y el aprendizaje de las actitudes exigidas por los empleadores. La escuela se vuelve un medio de socialización ideológica, de conservadurismo político, de reproducción de jerarquías, de afirmación del status quo, de confirmación de la situación de clase, de legitimadora de las desigualdades sociales, de integradora de los educandos a la sociedad imperante, de trasmisora de los “valores fundamentales” y de los “principios esenciales” que los grupos de poder consideran convenientes para preservar su dominio.
Esta política educativa se expresa en el IPN mediante el modelo educativo y de integración social desde el año 2000. Buscan descentralizar la educación media superior y superior. Coloca la movilidad educativa como eje fundamental del quehacer académico. Asimismo impulsa al interior del Instituto un gran mercado para las certificaciones de las carreras técnicas de educación superior y de creación de clúster empresariales. De igual forma considera la homogenización de los planes y programas de estudio tanto a nivel medio superior como superior a los criterios del mercado, con grandes impactos negativos en la calidad educativa de los estudiantes politécnicos. Aunque con una inserción al mercado laboral deficiente, precaria y poco atractiva.
Acuerdos con la SEP
Los acuerdos preliminares entre AGP y autoridades de la SEP son los siguientes: el gobierno garantiza que no habrá represalias de ningún tipo contra los participantes en el movimiento estudiantil, que las vocacionales del IPN no forman parte del Sistema Nacional de Bachillerato ni de la Reforma Integral de Educación Media Superior, que se convocará a un congreso nacional politécnico que decida sobre el futuro de la institución; el Tecnológico Nacional de México no tiene injerencia en el Politécnico; la Policía Bancaria e Industrial será sustituida de las labores de vigilancia y seguridad del IPN por un organismo que dependerá del sector administrativo de la casa de estudios; las pensiones que reciben actualmente los extitulares del instituto serán canceladas; las autoridades del IPN y del gobierno federal denunciarán, investigarán y sancionarán a los integrantes de los grupos porriles que operan en la casa de estudios, y que la administración federal impulsará un creciente presupuesto para educación, ciencia, tecnología e innovación.
Lo mínimo que tiene que ser el compromiso de la autoridad central, y que debe quedar en los acuerdos firmado previos al levantamiento del paro es que de no cumplir alguno de los compromisos tendrá que renunciar a la dirección de la institución; y lo segundo a resolver es que la misma suerte tendrán que seguir los administradores de las escuelas del IPN que violen tales obligaciones.
Veamos ahora cuál es la situación económica del país
Contexto económico
Actualmente la estrategia de acumulación mundial centralizada, la llamada globalización neoliberal, aplicada en las últimas tres décadas y media, articula nuevas modalidades de generación y apropiación de riqueza que le permite a los monopolios y oligopolios multinacionales acceder a fuentes de ganancia extraordinaria: 1) una nueva división internacional del trabajo basada en la configuración de cadenas globales de producción y el uso masivo de fuerza de trabajo barata (Delgado y Wise y Márquez, 2009); 2) la incorporación de la mayoría de los recursos naturales al proceso de valorización de capital, tanto de la litosfera como de la biosfera (Mora, 2009); 3) la privatización de medios de producción y sectores económicos estratégicos (Petras, 2005); 4) la sobreexplotación del trabajo directo, generación de una desbordante sobrepoblación e incremento de la migración forzada (Delgado y Wise y Márquez, 2009) y, 5) la privatización del conocimiento mediante la propiedad intelectual y explotación del “capital humano”, es decir, la pretensión de subsumir realmente el trabajo científico-tecnológico (Mora, 2009), donde también participa la migración de trabajadores altamente calificados.
Desde 1980 México fue obligado por Estados Unidos a encuadrarse en la globalización neoliberal con la aplicación de las reformas estructurales que pusieron fin al nacionalismo revolucionario; en un primer momento los gobiernos del PRI y del PAN allanaron el camino para abrir de manera indiscriminada la economía mexicana a la inversión financiera trasnacional y posteriormente, arrasaron con los derechos laborales y terminaron por entregar al capital financiero trasnacional la riqueza social propiedad de los pueblos, creados por décadas con su trabajo (Arriaga, 2014)
Los resultados de la globalización neoliberal han sido catastróficos para México. Es decir, la pérdida de soberanía en el establecimiento de su política financiera, monetaria, militar, jurídica, alimentaria, rural, demográfica y del control del territorio nacional fronterizo. Los acuerdos internacionales subordinan el presupuesto y la moneda nacional a Estados Unidos y a los servicios de la deuda externa (Almeyra, 2014). La compra del armamento se realiza en Estados Unidos, las fuerzas armadas están supervisadas por ese país mediante observadores in situ, los procesos electorales controlados por Washington al igual que la justicia, el campo fue colocado al servicio de las necesidades estacionales de los importadores del norte y la soberanía alimentaria fue liquidada mediante el Tratado de Libre Comercio norteamericano con el resultado del despoblamiento de las regiones rurales –sin opción para la población joven entre la desocupación disfrazada de empleo informal, la emigración clandestina abandonada a sí misma o a la delincuencia– y, finalmente, el ejército de Estados Unidos declara oficialmente que controla todo el territorio hasta Centroamérica y manda técnicos militares y policiales a México para intervenir en lo que titula defensa del orden. Asimismo Almeyra, considera que ilegitimidad y la ilegalidad del personal gobernante es apabullante. Así como un aparato estatal sin los atributos de un Estado independiente, coludido con la parte más sangrienta e inescrupulosa del capital –el narcotráfico y la delincuencia organizada–, carente de consenso y dependiente por completo de la represión y los asesinatos de Estado (Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, Atenco, Acteal, Ciudad Juárez, y Aguas Blancas) para mantener el gobierno de una oligarquía reducida de socios del gran capital financiero internacional. Provocando con ello, las condiciones políticas para un estallido social en México.
Control del IPN y el tejemaneje del poder
En este contexto es que surge el movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN), defendiendo el derecho a la educación pública de calidad para todos los jóvenes de México. Según la SEP (2014) por cada uno de los 200 días de clases que conforman al ciclo escolar, 5,238 niños o jóvenes abandonaron sus estudios, con un costo de más de 34 millones de pesos; y más de un millón de estudiantes abandonaron sus estudios en los diferentes niveles de educación que ofrece el país en el ciclo escolar 2012-2013.
También es importante mencionar que el conflicto del IPN es producto de la avaricia de los grupos de poder de procedencia panista y priísta, que hoy se disputan al Instituto, los cuales actúan como facciones, y con criterios patrimonialistas administran al IPN como si se tratara de una empresa privada. Estos grupos de poder ejercen su control al interior del instituto mediante una estructura de gobierno anacrónica, vertical, con reminiscencias feudales (“jefe nato” incluido), que es impuesto por el presidente del país, creando con ello una estructura de gobierno autoritaria, antidemocrática, corporativa y profundamente corrupta.
Para lograr lo anterior, las elites politécnicas han desarrollado la cultura del amiguismo, el compadrazgo, hasta el tráfico de influencias, sin olvidar la simulación académica, como mecanismos para mantener su dominio sobre alumnos, profesores y trabajadores. Logrando con ello dividirlos y confrontarlos de acuerdo a los caprichos e intereses particulares de los grupos de poder que se agrupan alrededor de los biólogos e ingenieros politécnicos. Estos grupos precisamente lograron penetrar al movimiento estudiantil desde sus inicios a través de estudiantes, profesores y trabajadores administrativos, con el propósito de aislar y dividir al movimiento estudiantil. Es por ello que algunos líderes estudiantiles impidieron la participación de sus propios pares en las escuelas, justificando sus acciones con paranoia de una posible represión. Mientras algunos maestros con influencia directa en la Asamblea General Politécnica hicieron lo propio con sus colegas agrupados en la Asamblea de Profesores y Trabajadores de Apoyo del Instituto Politécnico Nacional (APTA), con el propósito de negociar de manera utilitaria su situación laboral. Mientras que eso sucedía las élites del IPN trabajaban afanosamente para desactivar la fuerza del movimiento, así como aislar al mismo de la situación política y social que vive el país.
Por ello, es sintomático que durante el intercambio epistolar entre la AGP y las autoridades gubernamentales (SEP y SEGOB), el gobierno siempre dio una respuesta general, imprecisa y con la intención de confundir y alargar el conflicto estudiantil, para dar tiempo al grupo de Emilio Chuayffet (frente al grupo de Miguel Ángel Osorio Chong) de acomodar sus piezas para apoderarse del IPN. Y eso es precisamente lo que hemos visto durante el diálogo público. Donde por cierto, los estudiantes de la AGP se ven inseguros, pocos informados sobre la problemática académica del IPN; con argumentos poco contundentes, y sin estrategia de negociación clara para alcanzar los consensos necesarios. Olvidando por completo que el Instituto Politécnico Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Sin autonomía para elegir el modelo educativo que necesita el IPN (las modernas instituciones de educación superior, por cierto, fueron creadas a inicios del siglo XIX como organismos autónomos del rey, del poder aristocrático feudal y de la Iglesia para autogobernase y definir sus formas de gobierno, sus leyes internas y sus formas de funcionamiento). Un modelo orientado y vinculado directamente para satisfacer las diversas necesidades sociales que necesita el país. Hoy más que nunca el politécnico necesita un proyecto educativo de carácter público y gratuito, estrechamente vinculado a la vida política, social, cultural, recreativa, científica y productiva de la nación; que destaque los aprendizajes para formar hombres cultos, con conciencia social, críticos, libres, autónomos, que coadyuven a la emancipación humana; que combine la teoría con la práctica, el humanismo con la técnica; que sea pluricultural, con cobertura universal en el campo y la ciudad.
Tiene que ser un proyecto con un sistema educativo vivo y para la vida; una escuela para la vida social, cultural y política, con conocimientos que permitan al alumno conocer, investigar y proponer alternativas reales a los distintos problemas que requiere la nación; tiene que ser una escuela del saber, del trabajo, de la cultura, de la tecnología y de la ciencia universal. Con escuelas autónomas, autogestivas, democráticas, participando en la vida social, cultural, científica y política del país.
Para lograr lo anterior debemos enfrentar con inteligencia, escuela por escuela a los charros, a los porros y a la elite de poder politécnica, que harán hasta lo imposible para continuar controlando al Instituto como si fuera su patrimonio personal.
Las tareas del congreso
Es por ello que el Congreso Nacional Politécnico que se define en la mesa de diálogo, debe ser un espacio plural, representativo, incluyente y profundamente propositivo y con carácter resolutivo para respondedor entre todos las siguientes interrogantes: ¿qué tipo de educación para qué tipo nación? O dicho de otro modo: ¿qué tipo de nación se requiere y a la que debe contribuir a construir la educación superior? En este caso el IPN. Sin duda la nación mexicana necesita un nuevo proyecto educativo que resuelva los múltiples problemas que ha ocasionado la “modernización” educativa y el neoliberalismo, un proyecto integral de Estado de largo alcance en el que la educación, la ciencia, la técnica y la cultura sean parte de la construcción de un México democrático, independiente, soberano, con justicia social, incluyente, solidario; un proyecto para la transformación social y la mejora de las condiciones de vida la población.
Para alcanzar lo anterior, el Congreso Nacional Politécnico debe organizarse en tres niveles principalmente: por escuela, por área de conocimiento y por último en al ámbito general.
El primer paso para organizar consiste en integrar una comisión plural y representativa tanto de alumnos, docentes, investigadores, trabajadores y autoridades. Los participantes al congreso tendrán que ser elegidos de manera democrática y paritaria entre las 42 unidades académicas -20 del nivel medio superior y 22 del nivel de educación superior-, así como de los postgrados y centros de investigación, como por ejemplo el Cinvestav, tanto del área metropolitana como foráneos que pertenecen al instituto. Dicha comisión tendrá como tareas fundamentales coordinar la organización, difusión y realización del congreso. Además de la coordinación, difusión y comunicación, logística del mismo en el seno de la comunidad politécnica.
En segunda instancia cada unidad académica debe elegir con un criterio de proporcionalidad de docentes, investigadores, trabajadores administrativos y alumnos, y mediante los mecanismos democráticos que en cada plantel se establezca, a los delegados que las representarán en el congreso.
El congreso tendrá que ser resolutivo y los acuerdos emanados serán tomados por consenso; no habrá acuerdos por mayorías, porque el espíritu con el que se realizará dicho evento será para establecer por todos el nuevo proyecto institucional que requiere el país.
Finalmente, se propone que el trabajo de los delegados en el congreso se establezca a partir de 11 mesas de trabajo principalmente:
El papel del IPN para el siglo XXI (forman parte de esta mesa los temas: crisis del modelo económico neoliberal y su proyecto educativo, así como el proyecto de nación que necesitamos, filosofía del IPN, etc.)
Análisis y resultados del modelo educativo y de integración social del IPN
Formación académica y profesiones.
Estructura académica del IPN.
Relación y métodos de enseñanza – aprendizaje.
Ingreso, permanencia, promoción, titulación y nivel académico.
Infraestructura y condiciones materiales de estudio y para labor académica.
Investigación y su internacionalización.
Extensión y difusión y medios de comunicación del IPN.
Gobierno, administración y legislación (Autonomía del IPN) y
Patrimonio, financiamiento y presupuesto
Cada mesa tendrá un presidente, un escrutador y dos secretarios para facilitar el funcionamiento y redacción de los acuerdos. Se debe cuidar dar prioridad a los consensos para la toma decisiones en las mesas de trabajo, y cuando no se logren alcanzar en las plenarias lo más conveniente será nombrar una comisión que busque una forma de solución convincente para todos.
Lo que habrá que cuidar es que la realización del congreso no se alargue intencional e indefinidamente por las autoridades, porque se corre el riesgo de que no se realice, o de que se efectúe en una situación de correlación de fuerzas favorable a las autoridades, por lo que se deberán establecer a lo inmediato las fechas, temarios y mecanismos para su realización en las escuelas que integran el IPN. Los riesgos de lograr un congreso democrático, representativo y resolutivo son cada vez mayores debido a que el movimiento dejará un tejido social confrontado y divido motivado por el alargamiento del conflicto por parte de la autoridades federales; con un pliego petitorio a modo de los intereses gubernamentales e insuficientemente defendido por las AGP; y con la posibilidad de que las autoridades estén sobrerrepresentadas en el Congreso Nacional Politécnico.
Por lo anterior, los docentes y trabajadores de apoyo, debemos: i) participar e impulsar activamente un pre congreso para enfrentar la nueva embestida del gobierno federal en el IPN, ii) habrá que fortalecer y ampliar la coordinación de los profesores democráticos, iii) demandar la realización del congreso de la sección 60 para la elección de un comité representativo de nuestros intereses, iv) elaborar el plan de trabajo de la sección, v) continuar trabajando por la democratización del IPN, vi) por la profesionalización y basificación de todos los docentes, vii) por mejorar las condiciones de trabajo y viii) por definir el perfil social del IPN.
Atentamente: profesores de la ESE Ana María Vázquez, Pedro Antonio Chávez, Víctor Fuentes, Mario Gabriel Rangel y Guillermo Domínguez.
México a 22 de noviembre de 2014
Contexto político y social
Como pocas veces en la historia política reciente la vida social y política del país ha dado un gran vuelco debido a la gran inconformidad, protesta y solidaridad social por los asesinatos ordenados y perpetrados por el gobierno y sus fuerzas policíacas y paramilitares, por la desaparición de 43 estudiantes normalistas, por el hartazgo ante la impunidad, por las constantes ejecuciones de militares a civiles, por la actuación fascista y la protección gubernamental de las fuerzas armadas, de grupos de paramilitares y de criminales de todo tipo, por la represión a las protestas sociales, por el encarcelamiento de opositores al régimen, por la criminalización de la lucha social, por el autoritarismo institucional, por la creciente miseria… y por el desaliento social a que el actual régimen sea una alternativa de vida a un futuro de esperanza.
Las muertes de las 6 personas en Iguala y las desapariciones de estudiantes de Ayotzinapa ha sido un crimen de Estado de lesa humanidad y la gota que ha derramado el vaso repleto de desencanto social, de descredito institucional, contra la podredumbre del régimen gubernamental autoritario. La indoblegable e incorruptible lucha de padres y alumnos, la creciente solidaridad nacional e internacional, ha incorporado a miles de personas (predominantemente jóvenes) de todos los sectores sociales a exigir la entrega con vida de los desaparecidos, el castigo a los asesinos y la renuncia de los administradores de la nación por su evidente ineficacia. Frente a la creciente movilización social en unas cuantas semanas el régimen político y la autocracia presidencial han sido masivamente exhibidos en su esencia antidemocrática, fascista; han sido públicamente desacreditados, minando el autoritarismo, poniendo en crisis de legitimidad presidencial, colocando a la vista de todos la soberbia de un poder corrupto, cómplice, como gobierno apoyado en bandas de criminales que se arroga el derecho de ejercer la soberanía contra el pueblo (que es en quien reside y quien delega la autoridad), como un narco-Estado respaldado sostenido por todo tipo de mafias, representando los intereses del gran capital…
La entrega de la riqueza del país al gran capital, el alineamiento e integración de México a los intereses estadunidenses, la desnacionalización industrial y la desestructuración productiva, los crímenes de Estado, la política de contrainsurgencia, la violencia política, el asesinato de dirigentes y de periodistas, los feminicidios, la militarización del país, la criminalización de las luchas sociales, la estructura gubernamental al servicio de las mafias que imponen sus reglas, el aumento de la represión a los movimientos sociales opuestos al régimen, el dominio de los cárteles mafiosos y su conversión en gobiernos municipales y estatales, en complicidad con los partidos electoreros (la narcopolítica), los fraudes electorales… son la expresión de la descomposición del régimen autocrático de control social corporativo, y el resultado de la crisis política de la reproducción del orden capitalista neoliberal. De la rebelión social a la insurrección popular medía sólo un paso.
Ante la inoperancia del régimen de solucionar las demandas sociales, la lucha popular (que trastoca el orden neoliberal) exige el fin del régimen autocrático, proponiéndose construir una nueva sociedad equitativa, democrática, igualitaria, libertaria, con justicia, autogestiva… en la que la sociedad civil sea el actor de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que demandan millones de mexicanos (la renuncia del actual mercader de la silla presidencial es sólo un paso). Es la sociedad movilizada y sus propuestas de transformación las que marcan el futuro de un México democrático, soberano, independiente… frente a la crisis del sistema presidencialista dominado por la narcopolítica y puesto al servicio de los intereses de los grandes consorcios multinacionales.
La lucha social ha tenido como principales protagonistas a los jóvenes universitarios, a sectores populares y sindicales que han hecho suyo el clamor nacional de presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, haciendo oír su voz de indignación obligando a los personeros del poder a bajar del trono para estar en situación de igual con los sectores movilizados (estudiantes, padres de familia, defensores de derechos humanos, maestros) que los han retado y sentado de frente para que los escuchen en sus reclamos de presentar con vida a los desaparecidos, de impartir justicia, obligándolos a firmar compromisos, a poner fin a tantos atropellos, a dar solución a sus ancestrales y múltiples demandas nunca atendidas. Aunque lo que se ha obtenido sean sólo promesas y demagogia, el haber logrado doblegar la arrogancia del poder administrativo, ante la creciente crispación social, no es asunto secundario en un país autocrático, con un régimen tradicionalmente sordo a los reclamos de justicia social, ajeno a los intereses nacionales y a las preocupaciones sociales.
En cuestión de días la supuesta grandilocuencia reformadora presidencial ha quedado por los suelos ante su manifiesta incapacidad para dar respuesta a las demandas sociales, por la complicidad entre las mafias criminales, administrativas y partidarias indiferentes y ajenas a los reclamos sociales. La movilización social ha mostrado la verdadera esencia del régimen político nacional: represivo, genocida, autoritario, antinacional, antisocial (conformado por diversas bandas de criminales, delincuentes y de políticos ávidos de riqueza), y ha puesto en jaque al sistema mafioso de gobernalidad. La lucha social ha obligado a que los gobernantes respondan a los reclamos nacionales e internacionales de poner fin a tantas atrocidades (promovidas y alentadas desde el poder) contra la sociedad civil organizada y movilizada, a prometer justicia, a poner fin a la impunidad criminal cobijada por el Estado, a detener y castigar a los culpables de violentar las garantías individuales.
Para los grupos del poder la actual situación política del país les resulta sumamente desfavorable debido a que la sociedad se está movilizando por miles a lo largo y ancho de la nación para expresar su inconformidad, su rabia, su hartazgo, su desilusión, su determinación de poner fin al régimen autoritario, excluyente… ante la creciente pobreza, la impunidad, la pauperización, la entrega de la riqueza pública al gran capital nacional y externo, y por la brutalidad gubernamental contra los sectores sociales opuestos a sus proyectos económicos, políticos, educativos, laborales.
La agudización nacional de la lucha de clases y la creciente presión y expresión de la comunidad internacional, ha obligado a que los aliados políticos de siempre del poder (Iglesia, Instituciones, partidos legalizados, empresarios…) se expresen exigiendo respuesta a las demandas sociales, pero también pidiendo que se actúe con mano firme para detener y desactivar las movilizaciones. ¿Por qué su preocupación? ¿Qué es lo que está en juego? Ni más ni menos que su permanencia en el poder. Han perdido credibilidad social en sectores que antes manipulaban, amenazaban, controlaban y regenteaban. Ahora ya son pocos los que les creen, y cada vez menos los que les tienen alguna consideración favorable y les están perdiendo el miedo. La irreverencia y el activismo político juvenil les incomoda, les molesta, les preocupa. Saben que después de Ayotzinapa poco seguirá funcionando igual. La postración social al poder está desapareciendo.
Saben los que detentan el poder que la lucha social ha puesto al descubierto su ineficacia, su inoperancia, su entrega a los intereses del capital, su falta de oficio político, su papel de representantes de la clase dominante, su carencia de representatividad de los intereses sociales y nacionales. La encrucijada del poder es no tener respuesta favorable a la demanda de: “vivos se los llevaron: vivos los queremos” de regreso. Están socialmente desacreditados, deslegitimados, han perdido la confianza de millones que antes les creían y servían, y ahora tienen las manos atadas y manchadas para recurrir nuevamente a la represión abierta (aunque no la descartan para después). Saben que una nueva represión masiva hará escalar la inconformidad social, que si bien se ha expresado con afectaciones económicas (destrozos incendiarios, pases libres en carreteras, apertura de tiendas…), políticas (toma de alcaldías, de estaciones de radio y de televisión, incendio a instituciones, procesos de autogobierno…), lo que seguirá serán enfrentamientos militares y levantamientos insurreccionales. Entienden su crisis de representatividad y que lo que sigue es la ingobernalidad y la disputa y el ejercicio directo del poder por el pueblo organizado y coordinado.
Lo que ahora acontece y se discute es el futuro inmediato de la nación, ante lo cual la clase dominante, a través de quien los representa en el poder público, ha expresado abiertamente que mantendrá el actual estado de cosas del orden neoliberal: sus reformas de entrega de la riqueza nacional al gran capital nacional e internacional, la precariedad laboral, la pobreza extrema, la antidemocracia, la injusticia, el desempleo, la colusión mafiosa, la usurpación y saqueo de la riqueza pública, la continuación de la represión de ser necesario, a sabiendas de que ahora los costos políticos serán mayores porque la represión a la inconformidad social lo que ocasionará serán mayores y diversas expresiones de revueltas sociales y de insurrecciones focalizadas.
Del lado popular la coordinación de las luchas y la unificación de sus demandas están siendo la dinamita que está incendiando la pradera, en una situación de gran explosividad social, que el régimen busca extinguir y desactivar a través de la cooptación de organizaciones, de la infiltración de movimientos, de provocación a sectores, de encarcelamientos, de corrupción a individuos, de desvirtuar las luchas por justicia, democracia, libertad, igualdad, soberanía y de auto-organización popular.
Las formas tradicionales del reparto del poder y de control social e ideológico mediante el uso de los partidos, de sindicatos, medios electrónicos, Iglesia, escuelas y demás organismos corporativos afines al régimen no les está funcionando. Controlar, desmovilizar, desalentar, amenazar, aterrar y excluir la participación directa de las masas en la solución de sus demandas no les resulta: la lucha sigue y se multiplica. El miedo y la resignación individual y colectivas, la desesperanza de que lo ahora imperante no puede ser cambiado, de que la transformación de las condiciones económicas, sociales y políticas son imposibles de modificar, están siendo vencidas; las masas movilizadas y coordinadas están adquiriendo conciencia de clase, comprobando que con la unidad, la solidaridad y la movilización, que con el empuje de la lucha social y la determinación y el compromiso de unidad sectorial, el actual estado de cosas puede y va a ser cambiado.
La clase burguesa sabe que este no es su momento, que el poder político les está siendo disputado, que la administración del gobierno se le está yendo de las manos en diversas partes del país, que se lo están disputando abiertamente las organizaciones sociales, que está siendo desplazado por el pueblo que se organiza de manera autónoma; que las masas movilizadas la han desbordado, rebasado, retado y hecho a un lado, y por eso quiere que vuelvan al carril de la obediencia institucional. Entiende que lo ahora acontecido ha puesto en crisis sus formas de control, desnudando la podredumbre del poder con las mafias partidarias que la acompañan. Los partidos que se reparten el presupuesto público y el control del país, en coalición con las otras mafias, han quedado desacreditadas social y políticamente para seguir actuando como antes. La crisis política es para todo el régimen de administración y gobernalidad.
Frente a la crisis política abierta por las movilizaciones sociales todos los grupos económicos, políticos y culturales (empresarios, partidos, asociaciones, universidades, ejército, Iglesia…) se han visto obligados a tener que opinar, a expresar su inconformidad con lo que acontece, y a pedir que pronto se restablezca el orden, la institucionalidad, para que se regrese a la normalidad. Su expresión obedece a que está siendo afectada económica y políticamente su “normalidad institucional” de pasividad e indiferencia, su alineación y colaboración silenciosa con el poder. La mayoría popular está por un cambio en las políticas entreguistas y antisociales. Hay un abierto cuestionamiento al régimen de corrupción y entrega, al capitalismo salvaje impuesto a sangre y fuego que cada vez es más difícil sostener por los efectos sociales nocivos, desastrosos.
Frente a la lucha social la autoridad ha actuado con dos tácticas perversas y divisionistas: ante la sociedad movilizada aglutinada alrededor de la lucha por el castigo a los asesinatos de Iguala y la presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa, ha aparentado preocupación y compromiso de solución a las demandas, sin dejar de amenazar a los que atenten contra el proyecto del México neoliberal entregado al gran capital, provocando e intimidando a los movimientos para que desistan de seguir luchando; y en el caso del IPN han aislado su lucha, dialogando con los alumnos de la AGP que se mantienen pasivos y descoordinados ante la efervescencia nacional, entreteniéndolos en un coloquio de sordos, obligándolos a que aceptan las reglas oficiales desfavorables a su causa, y que han pedido al poder que le imponga a la autoridad suprema; en tanto las bandas priístas aprovechan la coyuntura y ajustan cuentas y utilizan la lucha politécnica para reacomodar sus fuerzas en disputa por la conducción administrativa del país, para luego continuar con el control vertical de la institución, y hacen desplantes gatopardistas al decir estar dispuestas a permitir la transformación del IPN, que ha sido punta en los cambios educativos neoliberales de formar profesionistas competentes para el mercado laboral.
Ante tal contexto social favorable a la lucha del IPN la AGP no ha hecho una lectura correcta de la coyuntura política nacional para actuar en consecuencia, en coordinación, con fuerza, en acuerdo y con el apoyo estudiantil y magisterial del IPN y de las demás instituciones educativas movilizadas, apoyada y avalada por la movilización nacional y las expresiones internacionales. Las tareas de democratización del IPN, de cambiar sus finalidades pro-empresariales, de poner la institución al servicio de las necesidades nacionales… no es una tarea que competa sólo a los politécnicos (mucho menos sólo a los alumnos), sino que es una labor, al menos, de la sociedad mexicana en su conjunto.
El sectarismo, protagonismo y aislamiento de la AGP de las múltiples y continuas reuniones de coordinación nacional multisectorial, de elaboración de plataformas comunes y de las movilizaciones que han convulsionado y puesto de cabeza al régimen presidencialista, colocaron la lucha del IPN en segundo término del interés, opinión y preocupación nacional, desaprovechando una oportunidad política de solidaridad, empuje, cobertura y apoyo nacional e internacional que permitiera enfrentar y hacer retroceder la política educativa al servicio del capital. La coyuntura de enfrentar al régimen en una situación de correlación de fuerzas favorable que permitiera lograr la satisfacción de las demandas se está desaprovechando, y no es que políticamente sea secundario lo que sucede en el IPN (es la segunda institución educativa del país), sino que por ser de gran trascendencia política lo que se ha propuesto transformar de la institución: el “modelo educativo basado en competencias”, la antidemocracia vitalicia, el verticalismo administrativo, la exclusión de docentes y alumnos de la definición de la vida académica y política institucional, el control administrativo mediante la violencia gansteril… es necesaria la más amplia, decidida y comprometida participación y confluencia social, por la oposición del poder de cambiar el estatus institucional favorable a sus intereses de lucro, y para el reparto de cuotas de dominación y de control social.
El poder ha reiterado públicamente que no cambiará el modelo de nación neoliberal, por tanto, seguirán la entrega de la riqueza al capital nacional y extranjero, las políticas antisociales, las finalidades educativas pro-empresariales asignadas a las instituciones de educación superior. El poder no está dispuesto a que se le arrebate la conducción del IPN ni a que se modifiquen sus finalidades de formación para el mercado laboral.
¿En qué consiste, sintéticamente, el proyecto educativo del capital? Veamos.
La escuela del capital
La especie humana, resultado de procesos biológicos naturales, es un género sociable por principio, que para subsistir utiliza la naturaleza, y al mismo tiempo la transforma. La relación del hombre con la naturaleza implica la relación social entre los hombres. El hombre siempre está en interacción con los otros individuos. El hombre se yergue frente a la naturaleza y crea su propia cultura. Cultura que es necesario transmitir para conservar y reproducir los vínculos sociales, y a la propia sociedad. El medio apropiado para la transmisión de la cultura, de la ideología, de los intereses económicos de los grupos de poder, ha sido la enseñanza escolarizada.
La institucionalización de la escuela moderna es un suceso asociado a la formación para el trabajo, para disciplinar la conducta juvenil, para adiestrar profesionistas y funcionarios que administren las instituciones y los organismos públicos y privados.
La enseñanza es una acción intencionada con finalidades políticas e ideológicas decididas por los grupos de poder para mantener y reproducir el orden social, para controlar y dirigir la conducta social, para propagar sus intereses de clase, su ideología, sus tradiciones, su cosmovisión; para adiestrar a los educandos y formarlos como súbditos obedientes, y para instruir en las tareas productivas, administrativas, militares, técnicas y científicas.
La instrucción se ha convertido en una labor privada y pública que instruye para el trabajo, para la guerra, para la administración, para formar profesionistas y técnicos que reproduzcan las relaciones sociales y políticas. El acto educativo ha sido un medio indispensable para la identidad cultural, para la sumisión y el control ideológico, para la transmisión de las creencias, de los valores, de las tradiciones, de las actividades prácticas, del adiestramiento laboral, para la formación de hábitos y conductas sociales, de actitudes políticas e ideológicas, para la adquisición de saberes universales, para reproducir la vida social, política y económica prevaleciente.
Educar para el empleo, para la obediencia, para la competencia, para el mantenimiento y la reproducción del orden imperante se convierte en la finalidad central de la escuela. Se trata de capacitar, a través de la acción educativa, para adquirir las habilidades técnico-laborales y el aprendizaje de las actitudes exigidas por los empleadores. La escuela se vuelve un medio de socialización ideológica, de conservadurismo político, de reproducción de jerarquías, de afirmación del status quo, de confirmación de la situación de clase, de legitimadora de las desigualdades sociales, de integradora de los educandos a la sociedad imperante, de trasmisora de los “valores fundamentales” y de los “principios esenciales” que los grupos de poder consideran convenientes para preservar su dominio.
Esta política educativa se expresa en el IPN mediante el modelo educativo y de integración social desde el año 2000. Buscan descentralizar la educación media superior y superior. Coloca la movilidad educativa como eje fundamental del quehacer académico. Asimismo impulsa al interior del Instituto un gran mercado para las certificaciones de las carreras técnicas de educación superior y de creación de clúster empresariales. De igual forma considera la homogenización de los planes y programas de estudio tanto a nivel medio superior como superior a los criterios del mercado, con grandes impactos negativos en la calidad educativa de los estudiantes politécnicos. Aunque con una inserción al mercado laboral deficiente, precaria y poco atractiva.
Acuerdos con la SEP
Los acuerdos preliminares entre AGP y autoridades de la SEP son los siguientes: el gobierno garantiza que no habrá represalias de ningún tipo contra los participantes en el movimiento estudiantil, que las vocacionales del IPN no forman parte del Sistema Nacional de Bachillerato ni de la Reforma Integral de Educación Media Superior, que se convocará a un congreso nacional politécnico que decida sobre el futuro de la institución; el Tecnológico Nacional de México no tiene injerencia en el Politécnico; la Policía Bancaria e Industrial será sustituida de las labores de vigilancia y seguridad del IPN por un organismo que dependerá del sector administrativo de la casa de estudios; las pensiones que reciben actualmente los extitulares del instituto serán canceladas; las autoridades del IPN y del gobierno federal denunciarán, investigarán y sancionarán a los integrantes de los grupos porriles que operan en la casa de estudios, y que la administración federal impulsará un creciente presupuesto para educación, ciencia, tecnología e innovación.
Lo mínimo que tiene que ser el compromiso de la autoridad central, y que debe quedar en los acuerdos firmado previos al levantamiento del paro es que de no cumplir alguno de los compromisos tendrá que renunciar a la dirección de la institución; y lo segundo a resolver es que la misma suerte tendrán que seguir los administradores de las escuelas del IPN que violen tales obligaciones.
Veamos ahora cuál es la situación económica del país
Contexto económico
Actualmente la estrategia de acumulación mundial centralizada, la llamada globalización neoliberal, aplicada en las últimas tres décadas y media, articula nuevas modalidades de generación y apropiación de riqueza que le permite a los monopolios y oligopolios multinacionales acceder a fuentes de ganancia extraordinaria: 1) una nueva división internacional del trabajo basada en la configuración de cadenas globales de producción y el uso masivo de fuerza de trabajo barata (Delgado y Wise y Márquez, 2009); 2) la incorporación de la mayoría de los recursos naturales al proceso de valorización de capital, tanto de la litosfera como de la biosfera (Mora, 2009); 3) la privatización de medios de producción y sectores económicos estratégicos (Petras, 2005); 4) la sobreexplotación del trabajo directo, generación de una desbordante sobrepoblación e incremento de la migración forzada (Delgado y Wise y Márquez, 2009) y, 5) la privatización del conocimiento mediante la propiedad intelectual y explotación del “capital humano”, es decir, la pretensión de subsumir realmente el trabajo científico-tecnológico (Mora, 2009), donde también participa la migración de trabajadores altamente calificados.
Desde 1980 México fue obligado por Estados Unidos a encuadrarse en la globalización neoliberal con la aplicación de las reformas estructurales que pusieron fin al nacionalismo revolucionario; en un primer momento los gobiernos del PRI y del PAN allanaron el camino para abrir de manera indiscriminada la economía mexicana a la inversión financiera trasnacional y posteriormente, arrasaron con los derechos laborales y terminaron por entregar al capital financiero trasnacional la riqueza social propiedad de los pueblos, creados por décadas con su trabajo (Arriaga, 2014)
Los resultados de la globalización neoliberal han sido catastróficos para México. Es decir, la pérdida de soberanía en el establecimiento de su política financiera, monetaria, militar, jurídica, alimentaria, rural, demográfica y del control del territorio nacional fronterizo. Los acuerdos internacionales subordinan el presupuesto y la moneda nacional a Estados Unidos y a los servicios de la deuda externa (Almeyra, 2014). La compra del armamento se realiza en Estados Unidos, las fuerzas armadas están supervisadas por ese país mediante observadores in situ, los procesos electorales controlados por Washington al igual que la justicia, el campo fue colocado al servicio de las necesidades estacionales de los importadores del norte y la soberanía alimentaria fue liquidada mediante el Tratado de Libre Comercio norteamericano con el resultado del despoblamiento de las regiones rurales –sin opción para la población joven entre la desocupación disfrazada de empleo informal, la emigración clandestina abandonada a sí misma o a la delincuencia– y, finalmente, el ejército de Estados Unidos declara oficialmente que controla todo el territorio hasta Centroamérica y manda técnicos militares y policiales a México para intervenir en lo que titula defensa del orden. Asimismo Almeyra, considera que ilegitimidad y la ilegalidad del personal gobernante es apabullante. Así como un aparato estatal sin los atributos de un Estado independiente, coludido con la parte más sangrienta e inescrupulosa del capital –el narcotráfico y la delincuencia organizada–, carente de consenso y dependiente por completo de la represión y los asesinatos de Estado (Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, Atenco, Acteal, Ciudad Juárez, y Aguas Blancas) para mantener el gobierno de una oligarquía reducida de socios del gran capital financiero internacional. Provocando con ello, las condiciones políticas para un estallido social en México.
Control del IPN y el tejemaneje del poder
En este contexto es que surge el movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN), defendiendo el derecho a la educación pública de calidad para todos los jóvenes de México. Según la SEP (2014) por cada uno de los 200 días de clases que conforman al ciclo escolar, 5,238 niños o jóvenes abandonaron sus estudios, con un costo de más de 34 millones de pesos; y más de un millón de estudiantes abandonaron sus estudios en los diferentes niveles de educación que ofrece el país en el ciclo escolar 2012-2013.
También es importante mencionar que el conflicto del IPN es producto de la avaricia de los grupos de poder de procedencia panista y priísta, que hoy se disputan al Instituto, los cuales actúan como facciones, y con criterios patrimonialistas administran al IPN como si se tratara de una empresa privada. Estos grupos de poder ejercen su control al interior del instituto mediante una estructura de gobierno anacrónica, vertical, con reminiscencias feudales (“jefe nato” incluido), que es impuesto por el presidente del país, creando con ello una estructura de gobierno autoritaria, antidemocrática, corporativa y profundamente corrupta.
Para lograr lo anterior, las elites politécnicas han desarrollado la cultura del amiguismo, el compadrazgo, hasta el tráfico de influencias, sin olvidar la simulación académica, como mecanismos para mantener su dominio sobre alumnos, profesores y trabajadores. Logrando con ello dividirlos y confrontarlos de acuerdo a los caprichos e intereses particulares de los grupos de poder que se agrupan alrededor de los biólogos e ingenieros politécnicos. Estos grupos precisamente lograron penetrar al movimiento estudiantil desde sus inicios a través de estudiantes, profesores y trabajadores administrativos, con el propósito de aislar y dividir al movimiento estudiantil. Es por ello que algunos líderes estudiantiles impidieron la participación de sus propios pares en las escuelas, justificando sus acciones con paranoia de una posible represión. Mientras algunos maestros con influencia directa en la Asamblea General Politécnica hicieron lo propio con sus colegas agrupados en la Asamblea de Profesores y Trabajadores de Apoyo del Instituto Politécnico Nacional (APTA), con el propósito de negociar de manera utilitaria su situación laboral. Mientras que eso sucedía las élites del IPN trabajaban afanosamente para desactivar la fuerza del movimiento, así como aislar al mismo de la situación política y social que vive el país.
Por ello, es sintomático que durante el intercambio epistolar entre la AGP y las autoridades gubernamentales (SEP y SEGOB), el gobierno siempre dio una respuesta general, imprecisa y con la intención de confundir y alargar el conflicto estudiantil, para dar tiempo al grupo de Emilio Chuayffet (frente al grupo de Miguel Ángel Osorio Chong) de acomodar sus piezas para apoderarse del IPN. Y eso es precisamente lo que hemos visto durante el diálogo público. Donde por cierto, los estudiantes de la AGP se ven inseguros, pocos informados sobre la problemática académica del IPN; con argumentos poco contundentes, y sin estrategia de negociación clara para alcanzar los consensos necesarios. Olvidando por completo que el Instituto Politécnico Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Sin autonomía para elegir el modelo educativo que necesita el IPN (las modernas instituciones de educación superior, por cierto, fueron creadas a inicios del siglo XIX como organismos autónomos del rey, del poder aristocrático feudal y de la Iglesia para autogobernase y definir sus formas de gobierno, sus leyes internas y sus formas de funcionamiento). Un modelo orientado y vinculado directamente para satisfacer las diversas necesidades sociales que necesita el país. Hoy más que nunca el politécnico necesita un proyecto educativo de carácter público y gratuito, estrechamente vinculado a la vida política, social, cultural, recreativa, científica y productiva de la nación; que destaque los aprendizajes para formar hombres cultos, con conciencia social, críticos, libres, autónomos, que coadyuven a la emancipación humana; que combine la teoría con la práctica, el humanismo con la técnica; que sea pluricultural, con cobertura universal en el campo y la ciudad.
Tiene que ser un proyecto con un sistema educativo vivo y para la vida; una escuela para la vida social, cultural y política, con conocimientos que permitan al alumno conocer, investigar y proponer alternativas reales a los distintos problemas que requiere la nación; tiene que ser una escuela del saber, del trabajo, de la cultura, de la tecnología y de la ciencia universal. Con escuelas autónomas, autogestivas, democráticas, participando en la vida social, cultural, científica y política del país.
Para lograr lo anterior debemos enfrentar con inteligencia, escuela por escuela a los charros, a los porros y a la elite de poder politécnica, que harán hasta lo imposible para continuar controlando al Instituto como si fuera su patrimonio personal.
Las tareas del congreso
Es por ello que el Congreso Nacional Politécnico que se define en la mesa de diálogo, debe ser un espacio plural, representativo, incluyente y profundamente propositivo y con carácter resolutivo para respondedor entre todos las siguientes interrogantes: ¿qué tipo de educación para qué tipo nación? O dicho de otro modo: ¿qué tipo de nación se requiere y a la que debe contribuir a construir la educación superior? En este caso el IPN. Sin duda la nación mexicana necesita un nuevo proyecto educativo que resuelva los múltiples problemas que ha ocasionado la “modernización” educativa y el neoliberalismo, un proyecto integral de Estado de largo alcance en el que la educación, la ciencia, la técnica y la cultura sean parte de la construcción de un México democrático, independiente, soberano, con justicia social, incluyente, solidario; un proyecto para la transformación social y la mejora de las condiciones de vida la población.
Para alcanzar lo anterior, el Congreso Nacional Politécnico debe organizarse en tres niveles principalmente: por escuela, por área de conocimiento y por último en al ámbito general.
El primer paso para organizar consiste en integrar una comisión plural y representativa tanto de alumnos, docentes, investigadores, trabajadores y autoridades. Los participantes al congreso tendrán que ser elegidos de manera democrática y paritaria entre las 42 unidades académicas -20 del nivel medio superior y 22 del nivel de educación superior-, así como de los postgrados y centros de investigación, como por ejemplo el Cinvestav, tanto del área metropolitana como foráneos que pertenecen al instituto. Dicha comisión tendrá como tareas fundamentales coordinar la organización, difusión y realización del congreso. Además de la coordinación, difusión y comunicación, logística del mismo en el seno de la comunidad politécnica.
En segunda instancia cada unidad académica debe elegir con un criterio de proporcionalidad de docentes, investigadores, trabajadores administrativos y alumnos, y mediante los mecanismos democráticos que en cada plantel se establezca, a los delegados que las representarán en el congreso.
El congreso tendrá que ser resolutivo y los acuerdos emanados serán tomados por consenso; no habrá acuerdos por mayorías, porque el espíritu con el que se realizará dicho evento será para establecer por todos el nuevo proyecto institucional que requiere el país.
Finalmente, se propone que el trabajo de los delegados en el congreso se establezca a partir de 11 mesas de trabajo principalmente:
El papel del IPN para el siglo XXI (forman parte de esta mesa los temas: crisis del modelo económico neoliberal y su proyecto educativo, así como el proyecto de nación que necesitamos, filosofía del IPN, etc.)
Análisis y resultados del modelo educativo y de integración social del IPN
Formación académica y profesiones.
Estructura académica del IPN.
Relación y métodos de enseñanza – aprendizaje.
Ingreso, permanencia, promoción, titulación y nivel académico.
Infraestructura y condiciones materiales de estudio y para labor académica.
Investigación y su internacionalización.
Extensión y difusión y medios de comunicación del IPN.
Gobierno, administración y legislación (Autonomía del IPN) y
Patrimonio, financiamiento y presupuesto
Cada mesa tendrá un presidente, un escrutador y dos secretarios para facilitar el funcionamiento y redacción de los acuerdos. Se debe cuidar dar prioridad a los consensos para la toma decisiones en las mesas de trabajo, y cuando no se logren alcanzar en las plenarias lo más conveniente será nombrar una comisión que busque una forma de solución convincente para todos.
Lo que habrá que cuidar es que la realización del congreso no se alargue intencional e indefinidamente por las autoridades, porque se corre el riesgo de que no se realice, o de que se efectúe en una situación de correlación de fuerzas favorable a las autoridades, por lo que se deberán establecer a lo inmediato las fechas, temarios y mecanismos para su realización en las escuelas que integran el IPN. Los riesgos de lograr un congreso democrático, representativo y resolutivo son cada vez mayores debido a que el movimiento dejará un tejido social confrontado y divido motivado por el alargamiento del conflicto por parte de la autoridades federales; con un pliego petitorio a modo de los intereses gubernamentales e insuficientemente defendido por las AGP; y con la posibilidad de que las autoridades estén sobrerrepresentadas en el Congreso Nacional Politécnico.
Por lo anterior, los docentes y trabajadores de apoyo, debemos: i) participar e impulsar activamente un pre congreso para enfrentar la nueva embestida del gobierno federal en el IPN, ii) habrá que fortalecer y ampliar la coordinación de los profesores democráticos, iii) demandar la realización del congreso de la sección 60 para la elección de un comité representativo de nuestros intereses, iv) elaborar el plan de trabajo de la sección, v) continuar trabajando por la democratización del IPN, vi) por la profesionalización y basificación de todos los docentes, vii) por mejorar las condiciones de trabajo y viii) por definir el perfil social del IPN.
Atentamente: profesores de la ESE Ana María Vázquez, Pedro Antonio Chávez, Víctor Fuentes, Mario Gabriel Rangel y Guillermo Domínguez.
México a 22 de noviembre de 2014
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